Seguimiento de Proyectos de Ley - Marzo 2015

La actualidad parlamentaria ha estado marcada estos últimos días, por la celebración del Debate sobre el Estado de la Nación. Durante el mismo, se anunciaron una serie de medidas, algunas de las cuales ya se han puesto en marcha, como una rebaja de cotizaciones para nuevos contratos indefinidos, y reformas en el marco normativo de los "acuerdos extrajudiciales de pagos" y el Código de Buenas Prácticas Bancarias¹.

Por su parte, son varios los Proyectos de Ley que continúan su tramitación parlamentaria y a los cuales atendemos a continuación:

1. Estado de tramitación parlamentaria²

2. Visto en Consejo de Ministros
 

Como hemos comentado líneas arriba, algunas de las cuestiones que el presidente del Gobierno anunció en el pasado Debate sobre el Estado de la Nación, ya se han puesto en marcha. Así, el último Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley de mecanismo de segunda oportunidad y reducción de la carga financiera, y de otras medidas de orden social (Real Decreto-Ley 1/2015). Esta norma comprende medidas como el mecanismo de "segunda oportunidad", la rebaja de cotizaciones para la contratación indefinida, la ayuda para la conciliación laboral y personal de los autónomos y la ampliación de los "cheques familiares"; establece la exclusión de la obligación de presentar declaración en el Impuesto sobre Sociedades a aquellas entidades, cuyos ingresos totales del período impositivo no superen 50.000 euros anuales, y flexibiliza los criterios para acceder al Código de Buenas Prácticas. Además, recoge la modificación de las tasas judiciales que establece que las personas físicas quedarán exentas del pago de las mismas en todos los órdenes e instancias.

Asimismo, aprobó la remisión a las Cortes Generales de varios Proyectos de Ley:

• Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se introducirán en el sistema judicial un paquete de medidas organizativas encaminadas a agilizar la instrucción de los procedimientos, a través de una mayor especialización en los Tribunales y un mejor reparto de asuntos: 
  • Se racionalizará el reparto de asuntos entre Juzgados para agilizar la Justicia 
  • Se podrán especializar juzgados de forma temporal y adscribir jueces o secretarios judiciales al juez que esté conociendo de una causa penal compleja. Se incluyen medidas para equilibrar el reparto entre determinados juzgados 
  • Se extenderá la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para asegurar la especialización y facilitar que las víctimas denuncien 
  • Los secretarios judiciales pasarán a llamarse letrados de la Administración de Justicia  
• Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que introduce un conjunto de medidas dirigidas a la mejora de la eficiencia en la actividad de la Administración de Justicia, así como en la relación de ésta con los operadores jurídicos y los ciudadanos, a través de la implantación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes trámites y procesos judiciales. 
  • Se fomentará el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los trámites con la Administración de Justicia 
  • Se mejorará la regulación del juicio verbal 
  • En los procesos monitorios, el juez podrá verificar la existencia de cláusulas abusivas en los contratos 
  • Se acorta el plazo de prescripción de las acciones personales  
• Proyecto de Ley de Recuperación y Resolución de Entidades de Crédito y Empresas de Servicios de Inversión, con el que España se adapta a la normativa europea en lo relativo a la Unión Bancaria. 
  • Se trata de establecer un marco común europeo para la reestructuración y resolución de entidades de crédito con el objetivo de preservar la estabilidad financiera y minimizar el coste para el contribuyente 
  • Establece un nuevo sistema de asunción de pérdidas para los acreedores de las entidades en resolución, de forma que los primeros serán los accionistas y los acreedores 
  • Se establece un Fondo Nacional de Resolución que realizará aportaciones al Fondo Único de Resolución europeo y que se integrará en él a partir de 2016 
  • Todas las entidades deberán contar con un plan de recuperación y un plan de resolución, que se revisarán, al menos, anualmente 
  • El FROB actual será la autoridad nacional y contará con un presidente independiente, mientras que el Banco de España tendrá funciones preventivas 
  • Modifica la normativa del Fondo de Garantía de Depósitos, para transponer la Directiva comunitaria que armonizó el funcionamiento de estos fondos a escala europea 

El Consejo de Ministros celebrado el 20 de febrero, aprobó la remisión a las Cortes Generales, del Proyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. Con esta Ley y su Reglamento se transpone la Directiva de Solvencia II. Establece una nueva metodología para el cálculo de solvencia de las aseguradoras con el fin de garantizar que cuentan con capital suficiente; mejora la transparencia y refuerza el gobierno corporativo y la supervisión; refuerza el papel de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (cambio profundo del modelo supervisor, pues se pasa a un sistema de autorizaciones previas a uno de múltiples procedimientos) y simplifica las cargas administrativas del mercado de intermediación de seguros.

Por otra parte, también aprobó un Real Decreto sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que incluye una batería de nuevas medidas para mejorar su recogida separada y gestión (Real Decreto 110/2015). Mediante el mismo se transpone la normativa comunitaria sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y fomenta tratamientos como la preparación para la reutilización. Además, incorpora elementos para hacer posible la mejora del control y supervisión por las Administraciones Públicas de la gestión de estos residuos y clarifica la actividad de los agentes que intervienen en el proceso y sus obligaciones. La nueva regulación introduce que los objetivos de gestión de residuos serán exigibles a nivel autonómico, y también los requisitos técnicos para que las Comunidades Autónomas otorguen las autorizaciones de las plantas de tratamiento de estos residuos.

El Consejo de Ministros del viernes 13 de febrero aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas (ya en el Congreso), que culmina el proceso de adaptación de la normativa española a la Directiva 2014/56 del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y consolidadas y al Reglamento comunitario 537/2014 sobre los requisitos específicos para las denominadas Entidades de Interés Público.

Fija un período de rotación de diez años, limita los honorarios para servicios distintos de la auditoría en las Entidades de Interés Público y recoge hasta once servicios incompatibles para el auditor en relación a la auditada. A partir de la entrada en vigor de la norma, estarán obligadas a tener un comité de auditoría, con carácter general, todas las Entidades de Interés Público y se consideran Entidades de Interés Público, las entidades de crédito, aseguradoras y cotizadas (incluidas las que operan en el MAB), entre otras ya vigentes como instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones y sociedades de garantía recíproca.

Asimismo, aprobó dos Reales Decretos:

• Real Decreto que modifica el vigente Reglamento que regula las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) (Real Decreto 83/2015). La norma complementa la reforma emprendida en noviembre del año pasado con la Ley de las entidades de capital-riesgo y de las entidades y gestoras de inversión colectiva. Completa la transposición de la Directiva de Gestores de Fondos de Inversión Alternativa para fijar el marco de condiciones de autorización, comercialización, normas de conducta y organización de este tipo de fondos a nivel europeo. Introduce modificaciones en el régimen jurídico del depositario de las IIC, la comercialización y gestión transfronteriza de IIC, los requisitos de la gestora, las obligaciones de información y los activos aptos para invertir. 
• Real Decreto por el que se desarrolla la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de entidades de crédito (Real Decreto 84/2015). Esta norma transpone nuestro ordenamiento jurídico la Directiva Europea 2013/36, que forma parte del paquete CRD IV sobre normativa de solvencia de entidades de crédito (Acuerdo de Basilea III). Desarrolla los aspectos de la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, aprobada en junio de 2014, relacionados con los requisitos de acceso a la actividad, solvencia y supervisión de las entidades de crédito. 

El Consejo de Ministros celebrado el 6 de febrero también aprobó dos Reales Decretos relevantes:

• Real Decreto que desarrolla parcialmente la Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (Real Decreto 64/2015). Completa el desarrollo normativo de la Ley, a la que se dota de todos los elementos necesarios para corregir los desequilibrios en las relaciones comerciales de las empresas que operan en la cadena alimentaria; facilita todos los elementos necesarios para corregir los desequilibrios existentes en las relaciones comerciales de las empresas que operan en la cadena alimentaria, y regula el funcionamiento del Observatorio de la Cadena Alimentaria y de la Red de Laboratorios Agroalimentarios de control de la calidad comercial en origen. 
• Real Decreto por el que se regula el régimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) previstos en la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (Real Decreto 66/2015). Desarrolla las previsiones de la Ley sobre la actividad inspectora reconocida a la Agencia y determina los derechos de los inspeccionados. La nueva norma, que establece seis meses de plazo máximo para finalizar las actuaciones, aporta transparencia e información, ofrece seguridad jurídica a los operadores de la cadena alimentaria y refuerza la coordinación institucional con los organismos competentes.